Miguel Guerrero.
miércoles 23 de junio de 2010
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Las denuncias del auge de sicarios en el país cobra espacio en el ambiente nacional. Mientras el matutino Listín Diario informa del envio a prisión de cuatro de siete presuntos sicarios vinculados a la muerte del coronel José Amado González González, el empresario Rubén Soto Hayet y Omar Antigua Polanco, el Diario Libre acoge como información principal que el sicariato cívico-militar afecta la seguridad nacional.
El sicariato en RD se ha convertido en una maquinaria que cada vez cobra más vidas. Más de medio centenar de muertos en apenas dos años, y más de una treintena de detenidos por estos crímenes reflejan el auge de una industria que, además, mueve millones de pesos, según la reseña de Diario Libre
Añade que un conteo de aquellos casos que por su relevancia se dieron a conocer a la opinión pública, muestra un total de 58 personas que perdieron su vida en lo que las autoridades calificaron como una "muerte por encargo". Esta cantidad sólo incluye los casos que se sucedieron entre el 2008 y lo que va de este año, y por los cuales la Policía Nacional ha detenido y sometido a la justicia a unas 40 personas, entre los que se encuentran presuntos miembros de bandas criminales, pero también agentes policiales y militares.
Recientemente se refirió al tema el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ninguno se ha hecho eco de la denuncia del senador banilejo Wilton Guerrero en el sentido de que la Policia Nacional cuenta con miembros que trabajan como sicarios a favor de sectores vinculados al narcotráfico. Incluso una lista presentada sobre las víctimas excluye los tres miembros de una familia banileja asesinados, dos de ellos en La Romana.
Con relación a Baní solo se mencionan los casos de Antonio Ross, ocurrido en noviembre del 2008 y el llamado ''caso Paya'' donde indican que los presuntos ejecutores de la muerte de siete colombianos nacostraficantes, por un supuesto ajuste por dorgas, fueron militares y policias activos.
El grupo de sicarios que presuntamente estaban al servicio del prófugo José David Figueroa Agosto formaron una empresa cuyo nombre era "La Compañía", y desde donde se manejaban todos los "negocios" de la peligrosa banda.
Según la Fiscalía del Distrito Nacional, al grupo se le incautó un fusil AK-47 y una pistola Bersa, cuyos casquillos recolectados coinciden con los de la escena del crimen donde fue abatido el coronel José Amado González y resultó herida su esposa Madeline Bernard Peña.
José Antonio Féliz Medina y José Alberto de la Cruz Paredes están siendo investigados por haber ocultados dos maletas con explosivos (dinamita) pertrechos militares y otros objetos supuestamente pertenecientes al prófugo Winston Antonio Rodríguez Taveras.
Cien pesos, quinientos pesos, dos mil cuatrocientos pesos, diez mil pesos. El precio depende de las características de la víctima, de las personas necesarias para hacer el "trabajo" y de la importancia de quien lo encarga. Así funciona el negocio de cobrar para matar, el de los asesinos a sueldo. MAS
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